El nuevo gobierno ha centrado principalmente sus esfuerzos políticos en abordar la crisis económica que es anterior a la pandemia, pero que se ha visto agravada por ella, poniendo en peligro nuevos desarrollos de política climática.
22/02/21
El 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández tomó posesión de la presidencia de Argentina en sustitución de Mauricio Macri. El nuevo gobierno ha centrado principalmente sus esfuerzos políticos en abordar la crisis económica que es anterior a la pandemia, pero que se ha visto agravada por ella, poniendo en peligro nuevos desarrollos de política climática. Las medidas de recuperación adoptadas por el gobierno a junio de 2020 tienen como objetivo proteger a la industria del petróleo y el gas del colapso de los precios y la demanda, mientras que las medidas de recuperación «verde» siguen estando en gran parte ausentes en las propuestas actuales. El CAT califica a Argentina como “críticamente insuficiente”.
Esperamos que las emisiones de GEI en 2020 sean entre un 7% y un 9% más bajas que en 2019. Argentina enfrenta la crisis económica inducida por la pandemia COVID-19 en medio de un gobierno cambiante y una recesión económica por segundo año consecutivo. La planificación del sector energético y del cambio climático del país se verá influida en gran medida por los desarrollos en curso de la pandemia, las medidas de recuperación internas para enfrentar la crisis, los riesgos externos por el colapso de los precios internacionales del petróleo y la renegociación de su deuda externa.
El gobierno no ha introducido ninguna medida «verde» en sus planes de estímulo de recuperación, sino que ha fijado artificialmente el precio del petróleo nacional en un mínimo de 45 dólares por barril para 2020, independientemente del hecho de que los precios internacionales del petróleo siguen siendo considerablemente más bajos. Si bien el nuevo gobierno ha justificado esta intervención para proteger el empleo y toda la industria energética en el contexto de la crisis del COVID-19, esta medida constituye un subsidio directo para rescatar el sector de petróleo y gas en Argentina. El gobierno también limitó las tarifas de electricidad y gas a los niveles de diciembre de 2019 hasta finales de 2020.
Argentina ha centrado su estrategia del sector energético en la explotación de abundantes reservas de gas en la formación “Vaca Muerta” como fuente de petróleo y gas baratos para el consumo nacional y las exportaciones (ver nuestro análisis de las políticas vigentes). La implementación de la estrategia potencialmente pone en peligro la expansión de la energía renovable en el sector eléctrico argentino y podría bloquear los sectores de uso final en vías de uso intensivo de carbono, lo que conduciría a emisiones de GEI más elevadas y aumentaría los riesgos de activos varados. El CAT advirtió en junio de 2017 que el gas natural tiene un papel limitado que desempeñar como combustible puente en el sector energético a nivel mundial y corre el riesgo de sobrepasar el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París y crear activos varados.
Los programas y los procesos de legislación sobre cambio climático iniciados previamente por la administración de Macri, como el programa RenovAr o los procesos de revisión y estrategia a largo plazo (LTS) de NDC, pueden estar sujetos a cambios. Su progreso podría verse particularmente afectado por la reestructuración administrativa de los equipos técnicos que trabajan en temas climáticos en los respectivos ministerios y secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Energía ya ha sido reestructurada al fusionar la antigua Subsecretaría de Energía Renovable en una Subsecretaría de Energía Eléctrica más amplia.
En julio de 2019, el gobierno de Macri declaró una emergencia climática seguida de que el Senado aprobara una Ley de Cambio Climático en diciembre de 2019. La ley posicionó el tratamiento del cambio climático como política nacional, institucionalizó la articulación de actividades y responsabilidades relacionadas con el cambio climático y estableció presupuestos financieros mínimos para su adecuada gestión, incluyendo el diseño e implementación de políticas de mitigación y adaptación. Macri anunció el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para el 2050. Sin embargo, el reciente cambio de gobierno genera incertidumbre en torno a la implementación de estas políticas.
Las proyecciones de emisiones de las políticas actuales de CAT en Argentina son un 5% -9% más bajas en 2030 en comparación con nuestras proyecciones anteriores en diciembre de 2019, principalmente debido al impacto de la pandemia en las emisiones de 2020 y las emisiones históricas revisadas con menores emisiones en el año base. El CAT califica el objetivo de Argentina bajo el Acuerdo de París como «Críticamente insuficiente», ya que no es lo suficientemente estricto como para limitar el calentamiento a 2 ° C, y mucho menos a 1,5 ° C.
Políticas vigentes
En el contexto de una crisis económica iniciada en 2018 y agravada por la pandemia, el gobierno entrante acometió una serie de cambios en la estructura de sus ministerios para disminuir el gasto público y establecer prioridades en línea con la agenda de la nueva administración. Por un lado, la Secretaría de Energía desmanteló la Subsecretaría de Renovables y la ex Subsecretaría de Hidrocarburos pasó a ser secretaría, indicando la prioridad del gobierno en la explotación de petróleo y gas sobre el desarrollo de renovables en el sector energético. Por otra parte, tanto la ex Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Medio Ambiente volvieron a ocupar cargos ministeriales, con una Secretaría de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. El impacto de esta reestructuración administrativa en la política climática sigue siendo incierto.